BALANCE Y REFLEXIONES ACERCA DE LOS AVANCES EN LA FORMACIÓN DOCENTE

La CTERA participó del Primer Encuentro Nacional de Formación Docente, organizado por el Instituto Nacional de Formación Docente y realizado los días 4 y 5 de octubre en la ciudad de Mar del Plata.

Durante el encuentro se reunieron en forma conjunta la Mesa Federal, representada por los directores de superior de las veinticuatro jurisdicciones, y el Consejo Consultivo del INFOD.

La Ley de Educación Nacional, sancionada en el año 2006, plantea que todos los organismos de gobierno del Ministerio de Educación de la Nación deben integrar, en su ámbito, un Consejo Consultivo en el cual tengan participación los trabajadores de la educación a través de sus sindicatos reconocidos a nivel nacional, junto con otros representantes y con otras organizaciones que tengan relación con la educación. Uno de esos ámbitos es el Consejo Consultivo, perteneciente al Instituto Nacional de Formación Docente, que se constituye el 11 de junio 2007.

El Consejo Consultivo es el órgano técnico-político que brinda asistencia y asesoramiento al Instituto Nacional de Formación Docente. La conformación de este Consejo viene a dar cumplimiento a la Ley de Educación Nacional, que en su artículo 77 establece la creación de un ámbito específico para la participación, la consulta y la construcción de consensos en el desarrollo de estrategias políticas para la formación docente. Fue creado además con el propósito de propiciar una cultura institucional participativa y de gestión asociada, para la toma de decisiones en los procesos de coordinación, diseño, implementación y evaluación de las políticas de formación docente desde una perspectiva nacional. En esa reunión participan todos los miembros que lo integran:

· Secretaría de Educación, Secretaría de Políticas Universitarias, representantes del Consejo Federal de Cultura y Educación, representantes del Consejo de Universidades.
· Representantes del sector sindical: CTERA, SADOP, CEA, UDA, AMET.
· Representantes del sector privado: Confederación Argentina de Instituciones Educativas Privada (CAIEP), Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC), Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada (COORDIEP).
· Representantes del sector académico: Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Miembro de la Academia de Educación.
A cada uno de estos miembros integrantes, se le solicitó que nombrara un representante titular y uno suplente, y enviara los nombres para que fueran designados por el Ministerio de Educación de la Nación.

La CTERA forma parte del Consejo a través de las designaciones de María Isabel Ortega (UDAP – Vocal de la Junta Ejecutiva de CTERA) como representante titular, y de Vilma Pantolini (Secretaria de Educación de SUTEBA) como representante suplente.

En la primera reunión, realizada en el año 2007, se presentó el Plan 2007 con la identificación de los principales problemas que tiene la Formación Docente en el país, tanto en la formación de grado como en la formación permanente en servicio. En nombre de CTERA, Stella Maldonado, la actual secretaria general de CTERA y secretaria de educación en ese entonces, planteó algunas de las prioridades que se han debatido y consensuado en sucesivos encuentros, tanto congresos educativos como reuniones específicas del área.

Las prioridades planteadas son:


• Recuperación de Políticas Nacionales
• Constitución de todos los ámbitos participativos que consagre la LEN
• Discusión de los diseños curriculares para dar cumplimiento al artículo 75 inc. b), que establece un piso de cuatro años de duración para las carreras de formación docente.
• Necesidad de discutir en simultáneo la organización del trabajo y la organización institucional para tomar integralmente la problemática de la Formación Docente.
• Necesidad de garantizar políticas universales para hacer efectivo el derecho a la formación permanente en servicio.
• Revisar la normativa de acreditación y formular una nueva normativa para asegurar la auto-evaluación de los institutos (Art. 78 de la LEN).

• Democratización de los ISFD: está fuertemente relacionada con la autonomía y la posibilidad de participación de los estudiantes en la toma de decisiones. Es un espacio pedagógico donde se formarán los docentes y que se materializará en las características profesionales de los mismos.


Los sindicatos tuvimos que dar una ardua discusión, pero pudimos revertir la tendencia profesionalizante que se observaba en los documentos que habían sido vertidos en el INFOD hasta el momento en que se forma el Consejo Consultivo, y plantear la dimensión que cobra para los docentes ser considerados trabajadores de la educación. Cuando hablamos de trabajador, lo hacemos en un sentido superador con respecto a la profesionalización, trabajador en términos de productor de conocimiento, un trabajador que trabaja con la cultura, que es capaz de sistematizar la reflexión que hace sobre su trabajo y que produce conocimiento sobre su labor específica, que es la enseñanza. Que esté además en un nivel de igualdad con respecto a aquellos que desde su trabajo teórico producen conocimiento acerca de la educación, partiendo de la base de que el trabajador docente construye pedagogía desde la práctica. Una dimensión clara de esto es que todos los documentos que se aprueban y forman parte del Consejo General, comienzan a hablar del trabajo docente como un elemento sustantivo y comienzan a tomar la triada organización Institucional, organización del trabajo y organización curricular para el desarrollo de los currículum.


Esto es importante porque son posicionamientos construidos históricamente desde CTERA, como el reconocimiento a que el trabajador docente trabaja más allá de sus horas presenciales, y el reconocimiento de que en la organización institucional son necesarias horas destinadas a las tareas que tienen que ver con el planeamiento de la enseñanza, la reflexión sobre las tareas realizadas, el análisis de los procesos de aprendizaje realizados con los estudiantes y las estrategias de enseñanza desplegadas.

De los planteos realizados en la primera reunión, muchos de ellos se han alcanzado en el marco de una construcción de políticas educativas de formación de manera participativa, que se manifiesta en el funcionamiento del consejo consultivo y de la mesa federal, ambos órganos creados en la nueva ley de educación. Y que además se plasmaron en un piso de normativas que está vinculado con el sentido de la educación en relación al modelo de país, y a la consideración de los estudiantes que se forman para ser trabajadores de la educación.

Desde inicios del siglo XXI se está gestando un nuevo paradigma en la política social argentina, que aporta una nueva concepción de la justicia social en relación a la infancia y en las consiguientes políticas que lo acompañan. Ello comienza a tener reflejo en la estructura institucional del Estado, en sus diversos niveles de gobierno y en la calidad de vida de la población.

Bajo el nuevo paradigma, y luego de los procesos descentralizadores, privatizadores y focalizadores de la política social iniciados en los ‘70 y profundizados en los ‘90, desde inicios del siglo XXI el Estado está recuperando su rol indelegable como nivelador de inequidades en un país federal, con una clara apertura de políticas históricamente sectoriales y destinadas a unos pocos, y con la posibilidad de articular programas que al ser estos más amplios y consistentes, redundan por ende, en una mejor asignación de recursos.

La Asignación Universal por Hijo, por la cual militamos durante años desde la CTA, es una de las medidas vertebrales que acompañan este nuevo paradigma, pero no es la única, también hay otras que manifiestan un cambio en el alcance de la función distributiva del Estado. A saber; la sanción de una nueva Ley de Educación Nacional, que significó también la derogación de la Ley Federal de Educación, una de las naves insignias de las políticas neoliberales implementadas por Menem durante la década del 90. En las provincias, el Plan Nacer en materia de salud, la sanción de la Ley Nacional de Protección y Promoción de los Derechos del Niño y la consiguiente derogación de la Ley de Patronato sancionada en el año 1919, la restitución de los Consejos de Salarios y la moratoria jubilatoria, la asignación por maternidad, entre otras.