El viernes comenzó en San Salvador de Jujuy el primer juicio por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1983.
El histórico juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal de Jujuy, reúne cinco causas en las cuales hay un total de 43 víctimas de crímenes de lesa humanidad. Entre ellos se encuentra el caso de Julio Rolando Alvárez García, estudiante de derecho y maestro en la localidad de Libertador General San Martín.
Los acusados son los represores genocidas Antonio Orlando Vargas, ex director del Servicio Penitenciario, José Eduardo Bulgheroni y Mariano Rafael Braga, ambos ex oficiales de Inteligencia del Ejército. Mientrás que fue apartado por “razones de salud” el genocida Luciano Benjamín Menéndez, ex Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, que operaba en las provincias de Córdoba, Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Los juzgará el Tribunal Oral integrado por los jueces René Casas, Mario Marcelo Juárez Almaraz y Daniel Morín.
Entre las causas está también el caso de Luis Ramón Arédez, ex Intendente de Libertador General San Martín y asesor del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma. En esta causa está denunciada la participación de Carlos Pedro Blaquier dueño de Ledesma SAAI y Alberto Lemos, administrador de la empresa azucarera en el momento de la desaparición de Arédez.
Las causas en Jujuy tuvieron un importante impulso tras la renuncia del ex juez federal subrogante Carlos Olivera Pastor. El ahora ex juez Olivera Pastor, quien había emprendido una estrategia de dilación de los juicios de lesa humanidad, renunció tras el reclamo de Madres de Plaza de Mayo, Familiares, Asociación de Ex Presos Políticos e HIJOS – Regional Jujuy. Posteriormente, el juez subrogante Fernando Poviña, efectivizó el pedido de indagatoria de Blaquier y Lemos en la causa por la desaparición de personas en la llamada “Noche del Apagón”, operativo conjunto de fuerzas militares, policiales y civiles en el que fueron secuestradas más de 300 personas de la localidad Libertador General San Martín. Además Poviña dispuso el allanamiento de las oficinas de Ledesma, en el que se encontró documentación que prueba tareas de espionaje por parte de la empresa contra familiares de detenidos-desaparecidos.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos acompañamos el juicio que se realiza en la provincia de Jujuy. De esta misma manera exigimos que se incorpore entre los acusados de este juicio a Carlos Pedro Blaquier, dueño de Ledesma y responsable de los crímenes de lesa humanidad contra trabajadores y trabajadoras de la industria azucarera.
30.000 compañeros desaparecidos ¡Presentes!