El viernes 27 de julio, se dictó prisión preventiva para los militares genocidas Albano Harguindeguy, Miguel Angel Estrella, Luciano Benjamín Menéndez, Juan Carlos Romero y Rafael Videla procesados en la causa por el asesinato de Monseñor Enrique Angelelli, durante la última dictadura cívico-militar.
La
medida fue dictada por Daniel Herrera Piedrabuena, el mismo juez que
había ordenado anteriormente su excarcelación, ante la presión de
organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y sindicales
de la Provincia de La Rioja. Menéndez, Harguindeguy y Romero, no
obstante, fueron beneficiados con la prisión domiciliaria.
En declaraciones vertidas esta mañana el Secretario de Derechos
Humanos de la CTERA, Rogelio De Leonardi afirmó que “esta medida era
solicitada por los organismos de Derechos Humanos hace tiempo y tuvo
siempre la negativa del juez Piedrabuena, que tiene pedido de juicio
político por su accionar dilatorio”. El juez riojano tiene un pedido
accionar por las desapariciones, dictando la falta de mérito y
excarcelación para Roberto Catalán ex juez acusado de participar en
crímenes de lesa humanidad en esa provincia. “No nos sorprende que haya
beneficiado a los acusados con la prisión domiciliaria” destacó el
referente docente en relación al juez federal. Por último De Leonardi
valoró el papel de los querellantes, de la Secretaria de Derechos
Humanos de la Nación y de las organizaciones sociales que acompañan los
juicios.