Por considerar que fueron responsables de dieciséis casos de homicidios, tres tentativas y torturas, la querella de los familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew pidió prisión perpetua para los marinos retirados Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y el ex cabo Carlos Marandino, cuatro de los cinco acusados por los fusilamientos sucedidos en esa ciudad el 22 de agosto de 1972.
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Para Jorge Bautista, quien en la época de los hechos actuó como juez ad hoc de instrucción militar, se solicitó la pena de dos años de cárcel por encubridor de los delitos. A más de 40 años de los hechos, los abogados consideraron los crímenes como delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.
Ayer, al final del alegato concluyó que “la Masacre de Trelew no fue un hecho aislado, producto de decisiones circunstanciales o de algún descontrol ocasional. Por el contrario, se produce en un marco de pleno desarrollo de un plan general de ataque a un grupo de la población civil, definido en forma genérica como ‘comunistas’, ‘subversivos’, ‘terroristas’”. Según entendió el equipo de letrados, ese plan, “por su magnitud, características y sistematicidad” es razón “suficiente a los fines de tener por acreditado el contexto requerido para la existencia de crímenes de lesa humanidad”.
La querella, por último, pide que la Justicia investigue a Lisandro Lois, quien fue médico de la base y firmó los certificados de defunción de las víctimas que sobrevivieron en un primer momento al tiroteo, pero que luego mueren –es el caso de Pedro Bonet–. “A esas personas nadie les dio asistencia. Pedimos que se lo investigue por encubrimiento.” Lois fue, años más tarde, jefe de Sanidad de la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura militar.