La CTERA, siempre comprometida en la lucha por una educación inclusiva, definió su posicionamiento con respecto a la Educación Especial en el marco de la presentación realizada, ante el Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo Federal de Educación (CFE), por entidades vinculadas a personas con discapacidad que cuestionaron algunos aspectos de las Resoluciones del CFE N 155 y 174 y, en consecuencia, también de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.
Es así que la CTERA manifiestó su apoyo a las propuestas de políticas educativas contenidas en las Resoluciones 155 y 174 del Consejo Federal de Educación (CFE), concebidas en el marco de la Ley de Educación Nacional (Ley No 26.206), ya que es una ley construida con la participación de la sociedad civil, entendiendo sin embargo que toda normativa puede ser perfectible, ya que la misma se produce en relación a un contexto y a un tiempo histórico determinado.
Es por eso que desde la Coordinación de la Comisión de Educación Especial de la Secretaría de Educación de CTERA, Néstor Carasa, explicó: “En el marco del encuentro nacional con compañeros trabajadores de Educación Especial, realizado el viernes 9 de agosto en CTERA y donde participaron más de 200 compañeros de 20 provincias de nuestro país, analizamos las políticas educativas para esta modalidad tanto a nivel nacional como en cada una de las provincias”.
Allí, la CTERA reafirmó su posición definiendo que “las escuelas especiales son instituciones educativas que asumieron la responsabilidad de educar a los estudiantes con discapacidades a través de distintas estrategias; y que constituyen un espacio, que no es único y que también es inclusivo, donde muchos sujetos encuentran la posibilidad de ejercer su derecho a la educación”.
Por su parte, Néstor Carasa planteó que “hay una situación bastante heterogénea a nivel nacional, ya que hay provincias que ya tienen una ley provincial en el marco de la Ley Nacional 26.206, hay otras que están en proceso de discusión y otras están en perspectiva de poder plantearlo hacia adelante”. “En esta situación de diferencias pudimos acordar 3 o 4 cuestiones fundamentales”, declaró Carasa y explicó: “Primero, la CTERA tiene una posición respecto a la integración: la consideramos una estrategia educativa que sostiene la escolaridad de alumnos con discapacidad en las esceulas comunes.
Respecto a los acompañantes externos no docentes que ingresan a las escuelas para acompañar a los estudiantes con discapacidad, Carasa definió: “Concretamente planteamos que la ausencia del Estado en términos de proveer recursos que sostengan la integración escolar, habilitó al ingreso de acompañantes que, de alguna manera, lo que producen es la privatización de algo que corresponde asumir al Estado y a las escuelas”.
“El tercer punto que tomamos es la perspectiva y las propuestas vinculadas a la formación de adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad”, explicó Carasa y agregó: “Esto tiene relación con la extensión en la obligatoriedad del nivel secundario. Hay estudiantes con discapacidad que pueden continuar en la escuela secundaria con o sin necesidad de proyectos de integración, pero también hay otros estudiantes, que por su situación de discapacidad, no están en condiciones de continuar su escolaridad en la secundaria común y la educación especial debe ofrecerle una propuesta educativa que incluya la formación laboral, pero que también tome otros temas como la formación para el trabajo, los derechos de trabajador, la construcción de ciudadanía, una formación integral en términos de educación sexual y otros aspectos”.
El cuarto punto al que llegó la CTERA y que sintetizó Carasa fue “mirar atentamente cuál es la normativa existente respecto a la modalidad de Educación Especial, y si lo que hay es correcto o si es necesario producir modificaciones o realizar nuevas propuestas”.
Luego, desde la Coordinación de la Comisión de Educación Especial de la Secretaría de Educación de CTERA dijo: “En función de estas cuestiones, definimos tomar una posición ante la existencia de numerosas ONGs vinculadas a personas con discapacidad (organizaciones conformadas por las familias, por profesionales o por otras entidades de la sociedad civil) que se involucran en la atención o en algún aspecto de las necesidades de las personas con discapacidad y realizaron una presentación al Ministerio de Educación de la Nación y al Consejo Federal de Educación proponiendo modificaciones a las Resoluciones N° 155, que está referida puntualmente a la Educación Especial, y la Resolución N°174 vinculada a la escolaridad, su continuidad y también a las trayectorias escolares de los estudiantes desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, un cuestionamiento que además replica en objetar la Ley de Educación Nacional en el capítulo de la Educación Especial”.
Sobre esto, Carasa fue contundente y dijo: “Para nosotros hay un error de concepción en estas ONGs, ya que entienden que la educación inclusiva en el caso de las personas con discapacidad se resuelve cerrando las escuelas especiales y haciendo ingresar de manera compulsiva a los alumnos en las escuelas comunes”.
Finalmente, Carasa dijo: “Nosotros sostenemos que hay que profundizar la integración escolar y la incorporación de cada vez más estudiantes en escuelas comunes, pero que para esto se necesitan condiciones materiales y recursos, que en muchos casos no están y ese es el obstáculo para seguir. La integración y la inclusión no se resuelven por decreto, no se resuelven cerrando una institución escolar, sino que hay que construirla”.
“En esto, estamos dispuestos a construir y a seguir en esa línea. Esta declaración va en esa dirección para sentar la posición como trabajadores, donde entendemos que no es una posición corporativa, ya que nosotros no estamos defendiendo puestos de trabajo, no estamos parados en ese lugar, tenemos una posición ideológica clara a favor del ejercicio de los derechos y es lo que queremos sostener”, concluyó Néstor Carasa.