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El 24 de marzo de 1976, los comandantes de las tres armas, Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti (Junta Militar), derrocan en la madrugada de ese día al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, quien había asumido la presidencia tras la muerte del General Juan Domingo Perón (1 de julio de 1974). Este golpe cívico-militar dio comienzo al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, la más atroz dictadura que se extendió por más de siete años y que tuvo como consecuencia la persecución y desaparición de 30.000 personas, entre las que había más de 600 compañeros docentes.
La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, el gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional.
La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de Estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y fomentar el sector financiero y el campo.
Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en las décadas anteriores la misma no había superado el 10%.
El 2 de agosto de 2002, el Congreso de la Nación Argentina dictó la ley 25.633 creando el "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia" con el fin de conmemorar a las víctimas, pero sin darle categoría de día no laborable. Tres años después, durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, se impulsó desde el mismo Poder Ejecutivo Nacional que la fecha se convirtiera en un día no laborable, inamovible.
Hasta el año 2011 los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar de 1976 dieron como resultado:
- 88 condenas a represores, la mayor parte a Prisión Perpetua o a 25 años, en juicios celebrados en la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y otras.
- 281 condenas a represores, se contabilizan desde 1985 hasta marzo del 2011, algunos de ellos con más de una condena.
- 159 represores condenados que cumplen condena en cárcel común.
- 64 lo hacen en arresto domiciliario.
- 2 represores están hospitalizados a la espera de su mejora para poder volver a prisión.
- 23 en libertad condicional.
- 2 han sido indultados por el ex presidente Carlos Menem.
- 16 han cumplido su condena.
- 15 han fallecido.
Hasta el 2012 hay:
- 875 represores procesados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar.
- 16 juicios por delitos de lesa humanidad en marcha.
- 9 con fecha de inicio para este año.
Mantener vivo el recuerdo de este día, nos permite reflexionar no sólo acerca de nuestra trágica historia y de la incansable lucha de los organismos de derechos humanos contra la impunidad, sino también acerca de nuestras perspectivas a futuro como nación soberana.
Por eso, fieles a nuestra historia y como todos los años, marchamos a la Plaza de Mayo para gritar bien fuerte: ¡NUNCA MÁS!
Isauro Arancibia, el primer desaparecido:
La misma madrugada del golpe Isauro fue asesinado en Tucumán en la sede de su sindicato (ATEP), donde se encontraba junto a su hermano Arturo. La noche anterior, a la vuelta del sepelio de Atilio Santillán, Secretario General de la FOTIA, asesinado el día anterior en Buenos Aires había cenado con un grupo de compañeros del gremio. Se rumoreaba que esa noche se producía el golpe preanunciado por la mayoría de los medios. Le aconsejaban que se fuera, que no durmiera en su casa, pero él se oponía. A la medianoche, en medio de una tormenta formidable, después de dejar a cada compañero en su casa tenía que decidir dónde ir. Podía no volver a su pieza en el gremio, pero él no quería comprometer otra casa con su presencia. La decisión estaba tomada y también la de sus asesinos: ese era el día señalado.
"Para imponer el proyecto educativo iniciado el 24 de marzo de 1976, se necesitaba la muerte de un maestro. Para legalizar el desguace de la Nación y miles de millones de dólares desaparecidos, se empezó robando a ese mismo maestro un par de zapatos nuevos".
Con el correr de los meses más de 600 docentes desaparecerían, entre ellos varios miembros de la Junta Ejecutiva Nacional de la CTERA como Marina Vilte de Jujuy, Eduardo Requena de Córdoba. Muchos otros militantes fueron encarcelados, cesanteados o tuvieron que salir del país o al "exilio interno".
Fuente: Secretaria de Formación Político Sindical Libro "Clase trabajadora, nuestra lucha".