viernes, 27 de febrero de 2015

LA JUSTICIA SIN MEMORIA ES SINÓNIMO DE IMPUNIDAD. REPUDIO DEL SUTEBA A LA DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA


Desde SUTEBA repudiamos enfáticamente la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que expresa la decisión de no investigar las denuncias realizadas por conscriptos que sufrieron vejamenes, torturas y castigos aberrantes durante la Guerra de Malvinas.

Esta resolución, que inevitablemente evoca las leyes de Punto Final, clausura y niega la posibilidad de investigar la comisión de estos crímenes de Lesa Humanidad cometidos por Oficiales y Suboficiales en perjuicio de soldados conscriptos e impide llevarlos a Juicio.

Los mismos genocidas que cometieron dichos crímenes contra la población civil argentina durante la dictadura cívico militar, reprodujeron esas prácticas en la Guerra de Malvinas contra sus propios subalternos. Existen desde 2007 más de 120 denuncias de asesinatos de soldados, torturas, estaqueamientos y violaciones a los DDHH.

Esta resolución de la Corte Suprema de Justicia promueve el encubrimiento y la impunidad de estos hechos aberrantes y de sus ejecutores. Constituye, además, un retroceso inaceptable en este período en el que los avances en políticas de DDHH y el desarrollo de los Juicios por causas de Lesa Humanidad desarrollados en estos últimos 12 años colocan a la Argentina como un ejemplo a nivel mundial.

Distintos organismos de DDHH acompañaron a los ex combatientes en sus denuncias presentándose como Amicus Curiae ante la corte, tal es el caso de la Comisión Provincial por la Memoria, la agrupación HIJOS y la DAIA, organismo que asistió soldados de origen judío que fueron torturados sólo por pertenecer a esa comunidad.

La Corte Suprema con esta resolución aplica la misma imposición de silencio que le impuso la dictadura a los soldados al regreso de la guerra.

Desde SUTEBA mantenemos en alto las banderas de Memoria, Verdad y Justicia. No retrocederemos en la defensa de las conquistas en materia de Derechos Humanos y no descansaremos hasta que se investigue a todas y cada una de las personas sospechadas de haber cometido graves violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura cívico militar y a sus cómplices, en todo el territorio nacional; sea en el continente o en nuestras islas del Atlántico Sur.