SUTEBA LLEVA LA PALABRA DE LOS DOCENTES AL CONSEJO GENERAL


Los compañeros representantes del SUTEBA en este ámbito son Néstor Carasa, Inspector Titular de Especial y Docente de Nivel Terciario y Marcelo Zarlenga, Inspector Titular de Secundaria, Docente de Secundaria, Superior y Universidad.

El Consejo General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires forma parte de la DGCyE con 140 años de vida. En todo este tiempo ha atravesado distintas etapas y procesos. A partir de la Ley de Educación de la provincia de Buenos Aires (Ley Nº 13.688), se estableció que la elección de los consejeros representantes docentes se debe realizar por voto secreto, directo y obligatorio. Esto significa un avance en las formas participativas y las prácticas democráticas existentes hasta el momento. De esta manera, en el 2009 se produjo nuestro ingreso en representación del SUTEBA para representar al conjunto de los docentes de la provincia de Buenos Aires. No obstante esto, ocupamos ese lugar desde el sistema anterior de elección por escuela, asambleas distritales y luego provincial desde el 2006. Queremos resaltar que para SUTEBA la representación de los compañeros es un aspecto central, esto define en gran medida cuál es el sentido, el motivo y la persistencia en la decisión de formar parte de este espacio.


Otra cuestión a tener en cuenta es que el Consejo General como cuerpo colegiado de la DGEyC tiene rango constitucional, debiendo ser aprobados las propuestas de nombres a ocupar esos diez cargos por la honorable Cámara de Diputados de la provincia. Como todo órgano, tiene un reglamento de funcionamiento y es en la Ley de Educación de la provincia de Buenos Aires donde se define su función, que es la de asesorar al Director General de Escuelas en temas vinculados a cuestiones reglamentarias, curriculares y de interpretación de normativa, como así también es de consulta obligatoria en programas, proyectos educativos y en todo lo concerniente a experiencias y propuestas educativas. En esta línea, sumado a los tiempos políticos que estamos viviendo en materia de ampliación de derechos, definimos participar y proponer normativas que permitieran afianzar el ejercicio de derechos que siempre estuvieron presentes pero que no se ejercían por falta de marcos normativos. Estas iniciativas las desarrollamos para el sector docente o en los distintos espacios de la DGCyE. Toda la legislación que en los últimos tiempos se fue constituyendo debe contemplar las obligaciones y los derechos de los trabajadores, así como el derecho de los alumnos en el ámbito escolar, cuestiones que no deben quedar sólo en la organización y el funcionamiento de las escuelas.

Un ejemplo de nuestro trabajo fue la revisión y la modificación de cuestiones reglamentarias y estatutarias que no estaban contempladas en el ejercicio de determinados derechos, tal es el caso de la legislación vinculada a la identidad de género y a las nuevas normas que hacen al cuidado de los niños, como la licencia a un compañero que adopta y para el compañero que recibe el cuidado de un niño, como medida de abrigo, previa posible adopción. Estas licencias no estaban previstas en el Estatuto del Docente. Lo cual pone de manifiesto que es necesario adecuar las normativas de acuerdo a los avances en derechos, suena obvio pero no siempre es así ya que existe una tendencia a mantener el status quo y que las cosas no cambien. Nuestro estatuto se formuló a comienzos de los "90 y en ese contexto constituyó un avance. Todo instrumento de legislación es producto de un determinado contexto lo cual expresa una relación que es central. Sin embargo, esos contextos van cambiando al igual que las realidades sociales y políticas, por lo que la legislación debe ir adecuándose a esas transformaciones, sobre todo si forma parte del incremento en el ejercicio de derechos.

Otra de las tareas importantes que realizamos desde el Consejo General es el trabajo relacionado a lo técnico pedagógico, que implica el trabajo con los diseños curriculares y planes de estudio y mecanismos para que éstos se implementen, y todo lo que tiene que ver con propuestas educativas, proyectos especiales o experiencias educativas. Desde nuestro ingreso al Consejo en el 2006, que coincidió con la sanción de una nueva Ley de Educación nacional y que luego llegaría en 2007 a la provincia, hemos estado trabajando e incidiendo para que todos los nuevos paradigmas vinculados a la protección de niños y adolescentes, ley de género, ley de identidad, entre otros, estén adecuados a esta realidad en las propuestas y en los diseños curriculares para todos los niveles y modalidades del sistema.

En este sentido, el planteo del SUTEBA frente a cada propuesta de avanzar con cada una de alguna de estas transformaciones, cuenta con tres patas fundamentales. Una está vinculada con la protección de los derechos laborales de los compañeros docentes. Otra está relacionada que ante cualquier transformación, sentimos que tiene que hacerse con el conjunto de la docencia ya que la consulta a las instituciones y a los territorios es fundamental. La última, es el respeto a las historias institucionales y frente a cada propuesta de modificación o de transformación, no sólo contemplar los derechos laborales de los docentes, sino también estar en sintonía con los derechos de los alumnos. Sosteniendo que cualquier transformación curricular debe estar ensamblada a una adecuación de las condiciones materiales, es decir, ensamblar lo curricular al puesto de trabajo y a la organización del trabajo.

En todos estos años hemos trabajado e incidido en la discusión de los diseños curriculares para el nivel inicial y para primaria, donde el régimen académico fue motivo de mucha controversia. Estuvimos en toda la transformación de la secundaria, principalmente con el cambio del polimodal a la nueva secundaria con una mirada fundamental vinculada al proceso latinoamericano en cuanto a integración, a un cambio de paradigma de la economía social, a un cambio de mirada vinculada a recuperar la historia reciente, a un cambio en lo que tiene que ver con las prácticas del lenguaje y a la construcción de la ciudadanía para el aquí y ahora. También, dentro de secundaria, trabajamos con cada una de las modalidades: Agraria, Técnica, con las secundarias orientadas y los Polivalentes de Arte. Además, es estos momentos donde esperamos la devolución de la primera solicitud de los diseños curriculares para el nivel superior, es fundamental destacar el trabajo que se ha hecho por el avance en cuanto a profesorados para nivel inicial, para educación primaria, para educación especial y para educación física.

En definitiva, lo que hace a la carrera y la formación docente. La discusión que se viene dando es porque la DGCyE no ha ajustado los planes de estudios de los profesorados en el caso de la formación para el nivel secundario. Hoy los diseños curriculares siguen arrastrando los modelos de los años "90, continúan bajo un paradigma neoliberal, de la Ley Federal de la Educación que incluye, por ejemplo, denominaciones en los títulos y certificados de estudio que no están ajustados a la realidad de este momento ni a los marcos nacionales en este proceso de sistematización y ordenamiento del sistema educativo nacional que se viene dando en los últimos años.

En este punto nosotros hemos planteado la situación en la DGCyE, calculamos que en el transcurso de este año se van a aprobar los diseños curriculares para los profesorados del Nivel Secundario. En cuanto a la actualización de la Formación Docente, es muy importante lo que se ha trabajado desde el Consejo en todo lo que hace al tema de postítulos. Destacamos que un postítulo, para un compañero docente, significa la actualización en la Formación Docente, algo a lo que hemos adherido desde toda nuestra historia como sindicato. Estamos convencidos que la actualización en la Formación Docente forma parte de las condiciones de trabajo, es un derecho que debe ser contemplado en el marco de la formación en servicio. Los postítulos están condicionados por diferentes realidades, por ejemplo, cuando asumen el carácter de semipresencial, el estatuto otorga licencia a los cursantes. Es un antecedente de lo que expresamos como derecho a la formación en servicio. Es un ejemplo que entendemos redunda en un mejor trabajo de los compañeros docentes y en un mejor aprendizaje para los alumnos.


Buscamos que en la discusión de los diseños curriculares haya cohesión y coherencia en todos los niveles, que aparezca lo significativo socialmente para el alumno, ver cómo aparecen otros enfoques y otras miradas. Un diseño curricular, en definitiva, es un espacio en disputa ideológico. La discusión allí, como representantes de los trabajadores, es entrar y ponerla en agenda. Luego llegan las transformaciones que se han dado en avances con propuestas educativas para los sectores educativos complementarios, para la educación especial, para el nivel terciario de artísticos, sumando a lo más importante que tiene que ver con marcos nacionales nuevos que buscan ordenar el sistema educativo nacional. La verdad es que se ha avanzado mucho en cuanto a trabajar con familias profesionales, en generar certificaciones continuas que le dan un valor agregado y un reconocimiento a la formación que da el propio sistema sobre el sostenimiento de la formación continua y en servicio a lo largo de toda la vida.

Sumamos a nuestro trabajo lo relacionado con experiencias educativas ya que el Consejo General es el único órgano que puede autorizar la experiencia, luego las direcciones técnicas son las que tienen que hacer la supervisión, pero en este sentido, hemos autorizado experiencias diversas. También recordamos todo el trabajo que hicimos vinculado con el acompañamiento con declaratorias, con reconocimientos, con beneplácitos a distintos eventos, seminarios o propuestas de diversos sectores que tienen que ver con fortalecer las propuestas y el trabajo educativos.

Algo fundamental que hemos propuesto, desde el marco del Consejo General, de la Comisión de Programas y Proyectos Educativos y en el marco del bicentenario largo, fue el de centrar el trabajo sobre la identidad. Para esto, se han invitado a todas las escuelas de la provincia a que revisen o trabajen con la identidad a partir de su nombre. Miles de escuelas han rectificado su nombre o que le han puesto nombre si no tenían previamente, lo que implica un proceso democrático por la participación de toda la comunidad para la elección del mismo. Hemos sabido de cosas trascendentes como, por ejemplo, el cambio de Julio Argentino Roca por Arbolito o de Aramburu por Che Guevara. La comunidad está involucrada, a partir de esta discusión han aparecido cuestiones de las que no se hablaba en esos lugares, todo relacionado a lo que implicó la mordaza de la dictadura. En algunas comunidades se ha generado este ruido, en el buen sentido, y es muy importante rescatar que este proceso ha llevado a que cerca de 3000 escuelas lleven un nuevo nombre o que lo tengan si no lo tenían.

Podemos decir, entonces, que venimos trabajando en producir propuestas o proyectos que permitan, por un lado, generar prácticas igualitarias en todo lo que sería el ámbito educativo de la provincia. Esto significa que cuando algo no está claramente dicho, expresado o explicitado, queda sujeto a las interpretaciones que cada uno pueda hacer y muchas de esas interpretaciones pueden estar realizadas con la mejor intención o con lo que alguien cree que es el mejor criterio, pero no siempre es así. Además, en la práctica, sucede que ante situaciones similares se define una u otra cosa y en general se producen contradicciones. Regularizar esas situaciones y profundizar otras desde el Consejo General aporta en esa línea. Considerando que los marcos normativos o reglamentarios deben estar en relación al derecho, no estamos diciendo que no existen obligaciones, sino entendemos que éstas existen y que están también en relación al derecho.

Formar parte en este espacio como representantes de los Trabajadores de la Educación nos permite generar una acción política que trascienda, inclusive, la mirada de lo gremial y lo ponga en una dimensión más política en términos de derecho y, entre esos derechos, el derecho a la educación.