El Tribunal Supremo de España ingresó definitivamente en la historia universal de la infamia: el juez Baltasar Garzón fue condenado por su trabajo a favor de los derechos humanos a "11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos", según la sentencia.
El juez fue sometido a juicio por prevaricación, acusado de haber violado el derecho de la defensa al haber ordenado la intervención de conversaciones en prisión entre los presuntos cabecillas de una vasta trama de corrupción y sus abogados, en la denominada trama Gürtel.
Además, dos organizaciones de derecha, Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, acusan a Garzón de haber ignorado intencionadamente la Ley de Amnistía de 1977 cuando en 2008 se declaró competente para investigar los crímenes cometidos por el franquismo. El juez español acusaba al dictador Francisco Franco y a 44 altos funcionarios de su régimen, todos ya muertos, de delitos contra los derechos humanos, pero tuvo que abandonar esta investigación porque la fiscalía le obligó a inhibirse.
La impiadosa e inaudita persecución judicial que este juez está sufriendo excede a su persona, ya que tiene como principal propósito enterrar la posibilidad de juzgar dichos crímenes antes de que prescriban.
Contraviniendo la Constitución, el Derecho Internacional, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la doctrina de que un día supo hacer gala el propio Tribunal Supremo, miembros de este Tribunal se proponen inhabilitar a Garzón por cumplir con su labor como juez.
Hay que recordar, y analizar, que el Tribunal Supremo que juzgó - y condenó a más de mil años de prisión - al represor argentino Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país sosteniendo que éstos pueden y deben ser enjuiciados por ofender a la comunidad internacional, siendo inhábiles cualesquiera leyes que los amparen, hoy, cuando el mismo juez español pretendió investigar delitos de similar tenor cometidos por españoles contra españoles en España, algunos miembros de ese Tribunal lo acusan de prevaricador.
Desde el SUTEBA consideramos que los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo pueden y deben ser juzgados.